Coralia Lebrón
Santo Domingo.– El estancamiento de la reforma al Código Laboral en el Congreso Nacional podría afectar la generación de empleos formales y frenar avances importantes logrados tras años de diálogo entre empresarios, sindicatos y gobierno, advirtió Laura Peña Izquierdo, presidenta de la Confederación Patronal de la República Dominicana (COPARDOM).
“La discusión pública se ha concentrado únicamente en la cesantía, pero hay numerosos avances en la propuesta que ayudarían a modernizar el mercado laboral, agilizar los procesos judiciales y facilitar la creación de empleos formales”, afirmó.
La dirigente empresarial recordó que el proceso de revisión del Código Laboral se inició en 2013 con una comisión tripartita creada por decreto presidencial, continuó con nuevas rondas de diálogo entre 2018 y 2019, y se retomó formalmente en 2021 en el Consejo Consultivo de Trabajo, donde participaron representantes del gobierno, los sindicatos y el sector empresarial.
Entre los avances alcanzados en ese espacio, destacó la creación de una jornada laboral más flexible, adaptada a sectores productivos que operan de forma continua como el turismo, la industria o la minería, así como mejoras en los procedimientos judiciales laborales para reducir la duración de los procesos y facilitar mecanismos de conciliación antes de llegar a juicio.
Peña Izquierdo, ofreció sus declaraciones al ser entrevistada en el programa Foco Político con Carlos Del Pozo, que se transmite los domingos a las 2:00 p. m. a través del Canal 03 Ahora TV, donde fue entrevistada por el periodista Carlos Del Pozo.
Peña Izquierdo explicó que uno de los temas centrales del debate es la aplicación del artículo 86 del Código Laboral, que establece una penalidad conocida como “las 30”, mediante la cual las empresas deben pagar un día de salario por cada día de retraso en el pago de las prestaciones laborales.
Según indicó, en muchos casos esa penalidad termina generando montos superiores a las propias prestaciones laborales. “Una prestación de 200 mil o 300 mil pesos puede convertirse en un millón o más debido al tiempo que tardan los procesos judiciales. Por eso hemos propuesto limitar esa penalidad a seis meses”, señaló.
La presidenta de COPARDOM insistió en que el sector empresarial no plantea eliminar la cesantía, sino revisar algunos elementos del sistema laboral para reducir los costos asociados al empleo formal, especialmente tras la entrada en vigencia de la Ley de Seguridad Social, que incrementó significativamente las obligaciones patronales.
Actualmente, explicó, las empresas cubren el 70 % de las contribuciones al sistema de seguridad social, además del 100 % de los riesgos laborales, así como otros costos asociados a la nómina como el aporte al INFOTEP, vacaciones, bonificaciones y prestaciones.
Otro punto clave señalado por Peña Izquierdo es la estructura del tejido empresarial dominicano. Según explicó, apenas un 5 % de las empresas del país son grandes empresas, mientras que el 95 % corresponde a micro, pequeñas y medianas empresas (MIPYMES).
“Tenemos que diseñar políticas públicas que permitan que esas empresas crezcan y puedan emplear más personas. Cuando una empresa supera los 30 empleados es cuando generalmente comienza a pagar mejores salarios”, indicó.
La dirigente empresarial también planteó la necesidad de ampliar el período de prueba de los trabajadores de tres a seis meses, una medida que, según explicó, facilitaría la contratación de jóvenes sin experiencia laboral.
Durante la conversación también se abordó el debate sobre la indexación salarial, tema que ha vuelto al Congreso Nacional. Peña Izquierdo sostuvo que la actualización del umbral del impuesto sobre la renta es una obligación legal pendiente desde 2017 y que su aplicación permitiría mejorar el ingreso disponible de muchos trabajadores.
“La indexación es una disposición legal que debe aplicarse. Si no puede hacerse de una sola vez, podría implementarse de manera gradual”, expresó.
Finalmente, la presidenta de COPARDOM reiteró la disposición del sector empresarial de retomar el diálogo tripartito para destrabar la reforma laboral y completar el proceso iniciado hace más de una década.
“Ojalá podamos volver a sentarnos a dialogar. El diálogo social ha sido una de las fortalezas del país y es lo que nos permitirá alcanzar un acuerdo que preserve la paz laboral y el crecimiento económico”, concluyó.
