Coralia Lebrón
Por: Yeury Bido – @yeurybido
Santo Domingo, RD. – En agosto de 2025 se promulgó la Ley Orgánica del Ministerio de Justicia (Ley 80-25), con el propósito de crear el primer Ministerio de Justicia en la República Dominicana, lo cual marca uno de los debates institucionales más trascendentales de las últimas décadas, al colocar en el centro de la agenda nacional la necesidad de modernizar el sistema de administración de justicia a la vez que se redefinen y se reasignan las responsabilidades del Estado en materia legal, penitenciaria y de derechos fundamentales.
Durante años, el país ha operado con un modelo fraccionado, en el que funciones esenciales de política pública en materia de justicia que han estado dispersas entre distintas entidades, principalmente la Procuraduría General de la República, el Ministerio de Interior y Policía y otros órganos del Poder Ejecutivo. Este esquema, aunque funciona en determinados momentos históricos, ha mostrado limitaciones frente a las exigencias contemporáneas de transparencia, eficiencia, control institucional y respeto al principio de separación de poderes.
Esta creacion permitirá separar de manera más clara las funciones administrativas y políticas que son propias del Poder Ejecutivo de las tareas de investigación y persecución penal, que corresponden al Ministerio Público como órgano constitucional autónomo. A su vez, este Ministerio sin lugar a dudas fortalecerá la independencia del sistema de justicia y reduciría la histórica confusión de roles que ha alimentado tensiones institucionales.
El nuevo Ministerio de Justicia asumiría áreas claves como la gestión del sistema penitenciario, la coordinación de los servicios de asistencia legal, la administración de registros y certificaciones judiciales, la cooperación jurídica internacional y el diseño de políticas públicas orientadas al acceso a la justicia.
Asimismo, se convertiría en el órgano rector de la reforma penitenciaria, un aspecto crítico para el país, que aunque hay que reconocer que en los últimos años se han realizado grandes esfuerzos, no menos cierto es, que aún enfrentamos serios desafíos en materia de hacinamiento, reinserción social y respeto a los derechos humanos de las personas privadas de libertad. En este sentido, El Ministerio de Justicia no solo tiene implicaciones jurídicas, sino también sociales, económicas y orientadas a la seguridad ciudadana.
Este Ministerio acarrea consigo algunas interrogantes legítimas que deben ser abordadas con rigor técnico y madurez democrática. Entre ellas, si lograra el alcance exacto de sus competencias, cuáles serán los mecanismos de coordinación con el Ministerio Público y el Poder Judicial, y las garantías para evitar duplicidades, burocratización excesiva o interferencias indebidas.
La creación del Ministerio de Justicia no debe entenderse como un simple ajuste administrativo, sino como un cambio de paradigma en la concepción del Estado dominicano. Se trata de una oportunidad histórica para fortalecer el Estado de derecho, mejorar la calidad de las políticas públicas en justicia y consolidar una institucionalidad más coherente con los principios constitucionales y democráticos del país.
En un país donde la confianza ciudadana en las instituciones sigue siendo un desafío pendiente, avanzar hacia un modelo moderno, transparente, independiente y eficiente de gestión de la justicia podría convertirse en uno de los legados más significativos de la presente etapa política.
El recién creado ministerio estará encabezado por el reconocido jurista Dr. Jorge Subero Isa haciéndose acompañar de seis (06) viceministros, con un presupuesto de RD$4,175.7 millones con el propósito de lograr un hito histórico en materia de justicia.
